9 DE JUNIO DE 1956 DÍA DE LA RESISTENCIA NACIONAL

Hace sesenta y seis años la República Argentina estaba atrapada en el cepo en el que la había maneado la llamada revolución libertadora, como se autodenominaba el gobierno cívico militar de facto surgido del golpe de estado ocurrido en setiembre de 1955 y endurecido especialmente a partir de noviembre de ese año, con el copamiento total de poder que lograron los sectores más recalcitrantes de aquel golpe de estado.

Las cárceles del país estaban pobladas de miles de presos políticos sin causa, comprendiendo a sindicalistas, políticos y militares considerados reos de «estado» por su identificación probada o presunta con el gobierno constitucional abatido por la fuerza.

Se habían habilitado como lugares de detención buques fondeados aguas afuera para los más peligrosos o más conspicuos y se rehabilito la vieja cárcel de Ushuaia para el mismo cometido. Comisiones investigadoras reclutadas entre incondicionales del gobierno recorrían con custodias policiales y de comandos civiles comedidos las casas particulares de los detenidos o denunciados anónimamente, sometiendo a las familias inermes de estos al manoseo de sus bienes personales buscando pruebas o valores ocultos. Arrojando sus enseres y muebles a la calle o destruyendo sus colchones y removiendo jardines y huertas domesticas también en busca de valores, prácticas canallescas repetidas en todo el país. Centenares de personas fueron cesanteadas de su trabajo por el solo pretexto de haber tenido alguna participación o simpatía política con el gobierno constitucional derrocado en setiembre de 1955. Y las que hicieron denuncias expresas y públicas de esa situación de atropello, en salvaguardia de su integridad física o ante expresas amenazas, debieron exilarse como pudieron a países vecinos.

También con el pretexto de borrar hasta el nombre de las autoridades derrocadas se dictaron draconianos decretos que prohibían mencionarlos por los medios de difusión escrito o radial. Como también mencionarlos públicamente en actos sociales o deportivos de cualquier tipo. Tener tan solo una foto de alguna de ellas implicaba convertirse en reo de escarnio.

A estas muestras de prepotencia y resentimiento se le sumo la organización de cuadrillas de «ciudadanos voluntarios» que debían cumplir la tarea de borrar esos nombres de elementos almacenados en depósitos y hospitales de todo el país como frazadas, ropa de cama, ajuares de recién nacidos y material médico, incluidos pulmotores y carpas de oxígeno, destinados como reserva para situaciones de catástrofe o epidemia para proveerse a sectores de bajos recursos. Llegando en más de un caso a su destrucción por quema o a su abandono en basurales.

En ese contexto de revanchismo desatado, por decreto se suprimió la Constitución Nacional vigente desde 1949 para retornar inconstitucionalmente manu militari a la antigua Constitución de 1853, como una forma de bañar una gestión cívico militar ilegitima con un manto de republicanismo que justificara o mimetizara una gestión plagada de atropellos y restricciones al pueblo. No faltaron leguleyos de frac y levita que validaron la farsa y que aun hoy la defienden.

Fue en ese contexto también, pero como respuesta al mismo, que se gestó un movimiento militar con el nombre de Movimiento de Recuperación Nacional, integrado por oficiales del ejército, pero con gran participación del personal de suboficiales y también con algunas adhesiones civiles.

En su proclama redactada en medio de condiciones presurosas se declaraban unidos por la preocupación angustiosa que vivía todo el pueblo argentino y por lo que consideraban su objetivo irrenunciable: el devolverle la posibilidad de recuperar su voluntad política, sin ninguna obstrucción en comicios libres en el más corto tiempo posible.

Asumiendo la tarea fundamental como soldados de garantizar de que ese propósito se cumpliera sin revanchismos y sin abusos contra ninguna parcialidad. De la lectura de la pieza, y también de los escasos documentos indubitados que produjeron o propalaron, no surge una sola mención de parcialismo personal que contradijera ese primer objetivo aglutinante. Y sus jefes reconocidos y de mayor jerarquía eran los Generales JUAN JOSE VALLE, RAUL TANCO y ENRIQUE LUGAND, pero había algo que más tarde pesaría mucho frente a la evolución de los hechos y será lo que tratare de analizar secuencialmente.

Y así en medio de una atmosfera opresiva signada por la situación general del país y bajo fuertes sospechas de delación, igualmente el movimiento comprometido se lanzó el 9 de junio de 1956 con epicentro en Buenos Aires, La Plata, Rosario y Sta. Rosa de La Pampa. Los hechos con mejor fortuna acontecieron en La Plata y Campo de Mayo, adonde los conjurados tomaron prisioneros a oficiales sorprendidos en un evento social y luego de desarmarlos permitieron que sus familiares pudieran retirarse a lugar seguro. Y en ninguno de los lugares adonde se combatió se ejerció violencia innecesaria sobre personal enfrentado.

Pero salvo la acción cumplida en La Pampa en que se pudo emitir brevemente al aire la proclama revolucionaria la adhesión masiva esperada no se produjo. Y ante el cercamiento de los conjurados, los cuales participaron de algunas escaramuzas con intercambio de fuego, para evitar innecesarios derramamientos de sangre, y previo dispersar a sus subalternos, los jefes revolucionarios depusieron las armas y asumieron sus responsabilidades por las posiciones tomadas.

Sometidos los sublevados a consejo de guerra y evaluadas las probanzas de que su acción no había implicado reproches contemplados en el código de justicia militar entonces vigente que los hiciera merecedores de la pena capital fueron informados de ello por sus captores. Los hechos de armas habían acontecido entre las 21 y las 24 horas de aquel 9 de junio, en que depusieron su actitud.

Pero a partir 0,32hs del 10 de junio fue decretada la ley marcial .Y con un decreto ampliatorio (Dec Nro. 10.363) del poder ejecutivo de facto con la firma de todo el gabinete ministerial fue impartida la orden de que los detenidos aprehendidos, oficiales y suboficiales, fueran pasados por las armas esa misma noche. En flagrante aplicación retroactiva de una norma vigente con posterioridad al hecho incriminado y ya juzgado por un consejo de guerra.

Cuestionada la resolución por el mismo consejo de guerra esta fue ratificada por un decreto subsiguiente del poder ejecutivo de facto incluyendo literalmente los nombres de los que serían ejecutados. Y así en Campo de Mayo son fusilados ocho militares, en La Plata dos, en la Escuela de Mecánica de Ejercito cinco, en la Penitenciaría Nacional cinco y en el Automóvil Club cinco.

Aparte, pero con la misma saña, dentro de las mismas fuerzas armadas paralelamente se inició una pretendida depuración de elementos sospechosos de afinidad con los revolucionarios. O lo que sería mucho peor, sospechados de haber sido influídos por la predica “perniciosa” del régimen depuesto por una facción de las fuerzas armadas un año atrás.

Y así con total discrecionalidad como una inquisición se procedió a expulsar con total desaprensión de las filas de las fuerzas armadas a oficiales y suboficiales de distintos grados. Sin el menor respeto al derecho de defensa y sin la menor evaluación de anteriores méritos profesionales de carrera. El cuartelazo necesitaba cubrirse de cualquier posible resistencia nacional que surgiera de las filas de las instituciones militares y debía actuar en consecuencia anticipadamente a cualquier precio y sin contemplaciones morales.

Y como culminación de esta cadena de crímenes y atropellos, en unas detenciones nocturnas de civiles ocurridas en la Pcia de BsAs sin conexión fehaciente y probada con los hechos de armas y aun con bastante anterioridad a los mismos. Alegando que los civiles eran un grupo de simpatizantes de la asonada se ordenó aplicarles la misma norma draconiana, o sea ser pasados por las armas por los mismos efectivos policiales que los habían detenido a órdenes de un militar de ejército. Los civiles fueron trasladados a los basurales de José León Suarez en número de doce y sometidos a una balacera colectiva adonde cinco morirán y otros siete lograrán huir esa misma noche.

El General Juan José Valle ante las masacres desatadas y con la mediación de Monseñor Fermín Laffite, se presentó detenido el 12 de junio para asumir la responsabilidad exclusiva de los hechos. Pero la palabra no le fue respetada y fue pasado por las armas en los patios de la Penitenciaría Nacional.

El otro jefe de la revolución el General Tanco lograra sortear la persecución policial y junto a un grupo de seguidores leales ingresaran a la embajada de la República de Haití. Pero una patota armada conducida en persona por el Coronel Juan Quaranta de uniforme ingresando al edificio violara la inmunidad diplomática apresara a los refugiados pretendiendo llevárselos. Pero en el último minuto lograran eludir el secuestro por la enérgica intervención del embajador Jean Brierre y su esposa. Esta intervención del embajador de Haití le valió por parte del gobierno de facto la declaración de persona no grata y su consiguiente expulsión del territorio argentino.

Mientras tanto Arturo Jauretche exilado en Uruguay mediante un ardid hará figurar por su cuenta al ultra perseguido Tanco como residente en un hotel montevideano, deslizándoselo a la prensa uruguaya. Lo cual relajo la vigilancia fronteriza y le permitió a este cruzar en un descuido a la otra orilla del Plata salvando así su vida.

El gobierno de facto había descargado toda su artillería y su capacidad represiva, había aplicado la pena de muerte por causas políticas, que la misma Constitución que ellos habían restablecido la prohibía para siempre desde un siglo atrás.

Habían saltado por encima del principio de la irretroactividad de la ley penal, piedra angular de un debido proceso y habían violado las normas de la inmunidad diplomática entre otras cosas, ¿porque y para qué? a más de sesenta años podemos aventurar alguna respuesta.

El movimiento de recuperación que condujeron Valle y otros incluía en su proclama un ítem que rezaba de esta forma: “DESCONOCEREMOS TODOS LOS ACUERDOS INTERNACIONALES FIRMADOS A ESPALDAS DEL PUEBLO ARGENTINO Y OPORTUNAMENTE LLEVAREMOS ANTE EL CONGRESO DE LA NACION Y LA JUSTICIA A LOS RESPONSABLES DE SU FIRMA« (lit)

Analizando aquellos hechos con perspectiva histórica una cuestión importantísima, pero por entonces poco visible, se estaba gestando fuera del conocimiento público.

El 19 de abril de ese fatídico año de 1956 el gobierno de fuerza dicto el Decreto Ley Nro. 7103 que disponía por si solo a cuenta y riesgo el INGRESO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Al FMI lo cual era el primer paso para el arribo inminente de una comisión del organismo a Bs.As, a fin de inspeccionar la economía argentina y efectuar las recomendaciones para formalizar el ingreso al organismo de crédito y la aplicación de las políticas de recorte que hoy conocemos como ajustes, desnacionalización de depósitos, privatización de la banca, ingreso de dinero fresco que nos permita crecer o superar déficits etc. etc.

Sobre este tema clave y por si solo merecedor de un análisis exclusivo y aparte solamente diré que en aquel momento la Argentina no le debía nada a la banca internacional.

Pero para concretar todo aquello era necesario un primer paso ya que los banqueros internacionales desconfiaban de un gobierno de fuerza para implementarlo. Y para ello preferían una democracia formal electoral y prolija no una dictadura.

Pero las garantías que daba el gobierno de facto de Bs As por el momento parecían validas, al menos en la medida que controlaran el frente interno hasta una eventual «normalización» electoral. Pero eso vendría después.

Así una larga lista de técnicos y nombres que después serán mucho más conocidos por su protagonismo posterior en gobiernos de fuerza o surgidos de procesos eleccionarios fraudulentos avalarán estas hipótesis. Entre otros Krieger Vasena, Alizon García, Rubén Blanco aguardaban impacientes la visita de la comisión.

Y en ese ínterin estallo este movimiento cuya existencia ya se conocía, pero que resultaba tan inoportuno para algunos. Así debe entenderse porque la respuesta para garantizar la credibilidad ante la banca internacional fue tan fuerte. Lo fue para demostrar que todo seguía igual ante los ojos de los veedores.

En ese terreno ¿cuánto importaba una breve exhibición de mano dura, frente a los beneficios que después vendrían para todos? Total, si solo se trataba de la suerte o la vida de unos cuantos arriesgados que se estaba jugando la vida contra la entrega del futuro de los argentinos. Si sólo ese era el precio que se pagaba, para todos aquellos logiados era aceptable.

Y la historia siguió su curso. Las causas por los asesinatos de José León Suarez terminaron en un cajón de la Suprema Corte juntando polvo, así como las escasas piezas escritas en los sumarios hechos en los consejos de guerra de junio de 1956.

Así también como la inexplicable desaparición de la constancia del ingreso detenido con vida del Gral. Valle a la hoy demolida Penitenciaria, entrada de la que fue retirado muerto.

Tal como dio cuenta su hija Susana, única testigo familiar del hecho y que falleció penosamente en 2006, luego de cargar con esa dolorosa memoria durante cincuenta años.

Pero para los mártires nacionales no hubo costosas solicitadas, ni carnavales con comparsa y pancartas, ni opiniones de intelectuales cosmopolitas y distantes que se rasgaran vestiduras o pidieran explicaciones por estos crímenes. Absolutamente nada, solo el silencio lloroso del Pueblo, el verdadero Pueblo Argentino ese que no sabe de encuestas periodísticas amañadas o de sondeos interesados de opinión pública y que los acompaño siempre. Y los guardara también para siempre en su eterna memoria.

Según recuerdan muchos que vivieron esa etapa de inicios de la resistencia nacional y sus infortunios suelen recordar con emoción que, en el exilio, o cuando lograban ser liberados, recibían desde Venezuela o Panamá indistintamente un escueto telegrama que luego algunos conservaron como sentido recuerdo, y que decía así: «LA INFAMIA DE OTROS SUELE SER UNA HONRA. JUAN PERÓN«